[Publicado en DIAGONAL]

7 de agosto, gran superficie comercial de Écija, Sevilla, entran varios sindicalistas con carros de la compra, los llenan de pasta, arroz, garbanzos y otros productos básicos. Unos diez carros en total. En Arcos de la Frontera, Cádiz, lo mismo. Se dirigen a las cajas. Hoy han decidido no pagar. Van a expropiar los alimentos para las familias más necesitadas. Son jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que pretenden visibilizar y subrayar que hay familias que pasan hambre. Que hay 1.700.000 familias con todos sus miembros en paro.

En Arcos de la Frontera, la Guardia Civil les impide salir con los carros. En Écija, una cajera sufre un ataque de ansiedad. Los sindicalistas consiguen su objetivo y cargan una furgoneta con diez carros de alimentos gracias a una estrategia de distracción consistente en simular una acción en otro supermercado de la localidad, megáfono en mano y con una cara conocida al frente, Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y diputado en el Parlamento andaluz. Así, esos alimentos llegan finalmente a las familias de la Corrala Utopía, un bloque de pisos en Sevilla ocupado en el primer aniversario del 15M para realojar a 32 familias desahuciadas o en peligro de desahucio inminente.

El día antes, el SAT ha avisado a la prensa de que prepara una acción sorpresa. La repercusión está garantizada. Al día siguiente, el ministro del Interior sale “a hacer de sheriff” según Sánchez Gordillo, ordenando la detención de los sindicalistas implicados. La policía ejecuta la orden: detiene a tres sindicalistas y hace llegar una citación judicial al alcalde de Marinaleda, que se encuentra en una finca del Ejército que el SAT ha ocupado un par de semanas antes. Se les acusa de robo con intimidación, de dos a cinco años de cárcel. “Es como la época de Franco, no hay separación de poderes”, acusan desde el SAT a Fernández Díaz, ministro del Interior.

El diputado de IU y miembro del SAT Sánchez Gordillo ha asegurado que las expropiaciones de grandes superficies seguirán “hasta que el Gobierno no garantice por ley que, cinco días antes de caducar, los alimentos se donen a la gente más necesitada”. Actualmente sólo un 20% de supermercados realiza esta práctica según miembros del SAT han pasado más de seis años desde que un primero de mayo, dentro de las protestas organizadas por el MayDay Sur en Sevilla, un grupo de personas realizara una acción parecida basándose en el concepto de autoriduzione, una forma de protesta muy común entre la autonomía italiana que se ha repetido en episodios de crisis en países como Argentina, durante el corralito.

En 2006 fue un grupo de personas precarias las que expropiaron un supermercado en la capital andaluza. Esa acción se saldó con un juicio en el que se pidieron dos años de cárcel para los acusados, que resultaron absueltos al acabar el proceso. Javier Toret, que estuvo imputado en ese proceso, recuerda que los abogados que les defendieron fueron precisamente del SAT y de la CGT. En esa ocasión, comenta Toret, escogieron un supermercado de la cadena Plus en el que habían despedido a una trabajadora por pedir una reducción de jornada por maternidad. Esa acción se caracterizó por ser muy mediática, con una lectura de un manifiesto por parte de “la virgen de la precariedad”, perfectamente caracterizada.

También en el barrio de Nou Barris en Barcelona se llevó a cabo una acción similar. El 19 de diciembre de 2009, la Asamblea d’Aturats de Barcelona (asamblea de personas en desempleo) llenó varios carros en un supermercado de la cadena Caprabo. Al llegar a las cajas intentaron negociar un precio más bajo. La respuesta de la gerencia del centro comercial fue llamar a los Mossos d’ Esquadra e interponer una demanda. Tres años después de los hechos se acusa a tres personas de coacción. Tres personas que se quedaron fuera de la línea de cajas del supermercado y de las cuales dos fueron indentificadas por los Mossos. Su abogado, Hibai Arbide, comenta que el juicio seguramente será en primavera del próximo año, pero que en los vídeos que hay de la acción se ve claramente que las tres personas imputadas ni siquiera participaron en ella.

Tres acciones en los últimos seis años en varios puntos del Estado español que visibilizan la crisis, que visibilizan los márgenes, los precios abusivos y las condiciones laborales de las grandes cadenas de distribución comercial. Desde el SAT, un sindicato con mucho peso en el agro andaluz, insisten en que no se entiende que un alimento que “vale 60 céntimos al ser recogido del campo se venda a seis euros en una gran superficie”, y denuncian que los precios de los alimentos están inflados debido al gran número de intermediarios que hay actualmente entre quienes trabajan en el campo y quienes consumen el producto final. Mientras, la acción del SAT ya ha sido replicada en Mérida, donde 50 personas del Colectivo la Trastienda y de la Plataforma por la Renta Básica trataron de sacar carros con alimentos de primera necesidad de un Carrefour antes de ser interceptados por la policía.